El sector agrícola valenciano siempre ha sido un sector potente, generador de riqueza y de trabajo, pero los bajos precios, la falta de ayuda de las administraciones públicas y la delincuencia, han hecho que el campo valenciano cada vez cuente con menos explotaciones, menos trabajadores y, que, además, sea muy inseguro.
La inseguridad en el campo ha padecido un aumento exponencial en los últimos años, así que las asociaciones agrarias han cuantificado en un 20% los robos que se han visto incrementados en el último trimestre de 2013 respecto al mismo del año anterior.
La situación ha degenerado en trágicos enfrentamientos e incluso ha costado la vida a un vigilante de un campo de naranjos en la localidad de Cheste.
Las palizas a los agricultores por parte de los malhechores y los robos en las instalaciones e infraestructuras agrícolas son habituales en el campo valenciano y los agricultores reclaman, sin éxito, una mayor protección por parte de los cuerpos y fuerzas del Estado.
Como consecuencia del trágico suceso de Cheste, la Asociación Unificada de Guardia Civil ha constatado que en el País Valenciano el Instituto Armado tiene serios problemas por lo que respecta a recursos humanos, y por tanto, imposibilita realizar las labores de vigilancia del campo que requiere la sociedad valenciana.
Por ratios, esta asociación ha revelado que, mientras la media española es de 5,3 agentes de los diferentes cuerpos de seguridad por cada mil habitantes, en el País Valenciano esta ratio es de tan solo 3 agentes por cada mil habitantes.
Existe una patente falta de plantilla, a la que se suman las bajas que se producen por traslados o por jubilaciones y que no se están cubriendo y los activos están desbordados por el trabajo y la multitud de funciones que deben cubrir.
Si a todo esto, sumamos los daños producidos por el vandalismo y los robos que semanalmente se producen en los campos de las comarcas agrarias valencianas, vemos como la indignación de los profesionales de este sector comienza a ser notable y como las asociaciones agrícolas comienzan a reclamar de las administraciones públicas medidas contundentes en todos los ámbitos, tanto por parte de la administración, como a través de la parte judicial o de seguridad.
Por todo ello Compromís propondrá en los ayuntamientos en los que tiene representación aumentar los agentes de vigilancia en los campos valencianos, sobre todo en las áreas rurales más despobladas; una mayor coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a través de la Delegación del Gobierno y la implicación de la Policía Autonómica en el control de actividades en lo que respecta a la recaptación de los productos y objetos fruto de los delitos cometidos.